Minnesota, junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, presentó una demanda contra el gobierno federal tras un operativo migratorio de gran escala en el área de Twin Cities. Las autoridades locales aseguran que las acciones federales excedieron sus atribuciones legales, afectaron derechos constitucionales y generaron temor en comunidades inmigrantes, incluso tras un incidente fatal. El caso intensifica el debate nacional sobre inmigración y autonomía estatal.