Estados Unidos suspendió temporalmente el procesamiento de solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países no europeos, afectando visas, residencias y procesos de ciudadanía. La medida, vinculada a revisiones de seguridad y verificación de antecedentes, ha generado incertidumbre entre comunidades migrantes y organizaciones legales, reavivando el debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad y migración legal.