Nuevo plan del Senado para indocumentados se limita a una protección de deportación

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Los demócratas del Senado trabajan en los detalles finales de un nuevo intento para convencer a la principal asesora del Senado, Elizabeth MacDonough, que acepte incluir una nueva vía de protección legal de indocumentados en el paquete de reconciliación del presupuesto para el año fiscal 2022.

Los demócratas del Senado trabajan en los detalles finales de un nuevo plan para convencer a la principal asesora del Senado, la abogada Elizabeth MacDonough, que acepte incluir una vía de protección legal de inmigrantes indocumentados en el paquete de reconciliación del presupuesto de gastos 2022.

Pero a diferencia de los dos primeros intentos, ambos con una vía hacia la Green Card (tarjeta verde) y luego la ciudadanía por naturalización, el Plan C es menos generoso: protegería a 8 millones de indocumentados de la deportación -con una acción diferida de deportación similar a DACA- y les concedería un permiso se trabajo renovable.

“Están dando los toques finales a la nueva propuesta”, dijo una fuente del Congreso conocedora de las conversaciones, pero que no está autorizada a hablar con la prensa.

La acción diferida de deportación beneficiaría a los mismos cuatro grupos de inmigrantes incluidos en los planes A y B rechazados por MacDonough en septiembre, es decir, dreamers (jóvenes indocumentados que entraron a Estados Unidos anyes de cumplir 16 años), titulares del Estatus de protección Temporal (TPS), trabajadores esenciales (del área de la salud y de la cadena alimenticia) y trabajadores del campo.

Detalles del plan

La organización Immigration Hub, que colabora con el Senado en la elaboración del plan para incluir la regularización de indocumentados en el paquete de reconciliación, explicó a Univision Noticias detalles del Plan C.

“A diferencia de los dos primeros, el Plan C se basa en leyes vigentes de inmigración”, dijo Lia Parada, directora de asuntos legislativos de la organización.

Parada dijo además que “estos permisos vendrán con una protección de deportación válida por 5 años”, y que durante la primera etapa de 5 años los inmigrantes favorecidos no serán elegibles para ciertos beneficios públicos, como cobertura médica.

“Pero sí serán elegibles en el segundo período de protección de 5 años, como lo señala la ley”, indicó Parada.

El segundo plan (B) fue presentado de manera informal durante una reunión con delegados de ambos partidos para pedir más información a la asesora.

Immigration Hub confía en que, al final del período de consultas, los demócratas consigan finalmente la aprobación para incluir el tema migratorio en el proceso de aprobación del presupuesto.

Los planes fallidos

El Plan A consistió en incluir en el paquete de reconciliación los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes el 18 de marzo, que incluyeron una vía de legalización para los 8 millones de indocumentados de los cuatro grupos mencionados.

La oficina de MacDonough concluyó en su informe que el ajuste de estatus solicitado por los demócratas “aumentará el déficit en $140,000 millones durante 10 años como resultado de la red de seguridad social y programas de beneficios a los que los residentes legales permanentes que serían legalizados tendrían derecho”.

El Plan B consistió en modificar la fecha de la Ley del Registro, una disposición aprobada por el Congreso que permite a ciertos extranjeros sin papeles que se encuentran en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1972, carecen de antecedentes criminales y tienen buen carácter moral, solicitar la residencia legal permanente (LPR o Green Card).

La idea era adelantar la fecha al 2010, pero MacDonough dijo que la iniciativa era similar al primer plan y lo desestimó.

“Es ridículo”

Organizaciones y activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes fustigaron el Plan C y se mostraron desilusionados por el nuevo esfuerzo.

“Es absolutamente ridículo el plan”, dijo Francisco Moreno, director de la Federación de Confederaciones Mexicanas de Los Ángeles (California). “Es ridícula esta posición por parte del liderazgo demócrata”, agregó.

“Hemos luchado por una reforma migratoria inclusiva. Ahora vemos con muy malos ojos el querer poner algo en la mesa por una legalización a medias para ayudar a nuestra comunidad”, precisó.

A su vez, Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste, en Seattle (Washington), dijo que el plan muestra “una situación desesperada” por parte del liderazgo demócrata.