Gobierno confirma suspensión y revisión del programa de deportaciones aceleradas

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Un controvertido programa de deportaciones aceleradas expandido a nivel nacional durante el gobierno anterior y reanudado por el gobierno de Joe Biden en julio, fue suspendido y está siendo revisado.

Un controvertido programa de deportaciones aceleradas activado durante el gobierno anterior y reanudado por el gobierno de Joe Biden en julio, fue suspendido y está siendo revisado, confirmó este viernes a Univision Noticias un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“La revisión de la política de remoción (deportación) acelerada ampliada está en curso”, dijo la agencia a través de un correo electrónico.

El departamento indicó además que “la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha utilizado la deportación acelerada ampliada en cuatro ocasiones desde el 20 de enero de 2021”.

A finales de julio, el DHS anunció los primeros vuelos hacia El Salvador, Guatemala y Honduras con indocumentados deportados.

El gobierno argumentó que los deportados de forma expedida (expedited removal) se aplicó a ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur, no pudieron ser expulsadas bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos (activado por la pandemia) y no tenían una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

Hasta finales de 2019, las deportaciones expeditas sólo se ejecutaban hasta 14 millas de la frontera y llevara menos de 14 días en el país, pero el entonces gobierno de Donald Trump amplió el radio d acción a nivel nacional como parte de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.

Reanudación de deportaciones

Cuando fue reanudado el programa, el pasado 26 de julio, el DHS dijo que la remoción acelerada proporcionaba “un procedimiento legal y más acelerado para remover aquellas unidades familiares que no tienen una base bajo la ley de Estados Unidos Para estar o permanecer en el país”.

Agregó que el “intentar cruzar entre los puertos de entrada o eludir la inspección en los puertos de entrada es la forma incorrecta de llegar a Estados Unidos” y que estos actos “son peligrosos y pueden tener consecuencias migratorias a largo plazo para las personas que intentan hacerlo”.

La deportación expedita ( expedited removal) “fue aprobada por el Congreso en 1997 durante el gobierno de Bill Clinton”, explicó Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona).

El reglamento, actualizado en 2001, señala que se aplica a los extranjeros inadmisibles en Estados Unidos “únicamente” bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La reanudación de las deportaciones aceleradas fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Hasta antes de su ampliación en octubre del 2019, ICE efectuaba este tipo de operaciones a cabo a nivel nacional y que antes solo se efectuaban dentro de las primeras 100 millas de la frontera y el indocumentado llevara menos de 14 días en territorio estadounidense.

El gobierno de Trump amplió las reglas de esta política a nivel nacional y afectó a cualquier indocumentado que llevara menos de dos años en el país.

La agencia federal argumentó en aquella ocasión que, si bien acelerar las deportaciones ayudaría a evitar que "los delincuentes peligrosos entren en las comunidades”, abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que la estrategia no solo apuntó a quienes hayan cometido una falta, sino a “cualquiera que sea detenido” por los agentes federales y no logre probar que lleva tiempo en el país y carece de antecedentes criminales.

“El proceso de deportación acelerada puede llevar a que las personas sean expulsadas injustamente”, dijo Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida). Y explicó que los no ciudadanos con reclamos viables de alivio de deportación “también se ven privados de la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración”, un problema que no aclaró la política que fue suspendida y se encuentra bajo revisión por el DHS.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes aplaudieron en anuncio de suspensión del programa, pero le recordaron al gobierno que todavía está el cumplimiento de la promesa de la reforma migratoria.

“La reforma está en suspenso en estos momentos en el Congreso, pero el hecho que suspenda el programa de expulsiones aceleradas es un aliciente, una forma de decirnos que no nos desesperemos todavía, que la promesa está por definirse. Y que mientras se produce, aquí les va esta buena noticia”, dijo el activista.

En las últimas semanas el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, reiteró las prioridades de deportación anunciadas por el gobierno en febrero, enfocadas en aquellos inmigrantes que han cometidos faltas y que constituyan una amenaza a la seguridad nacional pública y fronteriza.

El secretario también anunció esta semana que el ministerio perseguirá a los empleadores que abusan de los trabajadores indocumentados y que ICE no centrará sus operaciones en aquellos indocumentados que trabajan sin autorización y no han cometido delitos que los convierta en deportables.

Poderes extraordinarios para deportar

La política de deportaciones aceleradas fue anunciada desde un inicio del gobierno de Trump en enero de 2017, cuando por medio de una orden ejecutiva decretó que la inmigración indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados unidos.

El 22 de julio de 2019, el DHS anunció la expansión del programa a nivel nacional, y que impactaría, además de encontrarse sin autorización en cualquier parte del país y llevaran menos dedos años, a personas indocumentadas que hayan cometido fraude o tergiversación.

“Cuando un funcionario de inmigración se encuentra con alguien que cree que puede estar sujeto a una expulsión acelerada, la carga de la prueba recae en el individuo para demostrar lo contrario. Esto significa que una persona que se cree que está sujeta a una expulsión acelerada tendrá la carga de demostrarle a un funcionario de inmigración que ha estado físicamente presente en los Estados Unidos durante dos o más años o que fue admitida legalmente o en libertad condicional en Estados Unidos”, añade.

El estudio del AIC añade que las personas sujetas a remoción acelerada “rara vez ven el interior de una sala del tribunal porque no se les permite una audiencia regular de la Corte de Inmigración ante un juez. En esencia, el oficial de inmigración sirve tanto como fiscal como como juez”.

Además, advierte, “dada la velocidad a la que se lleva a cabo el proceso, rara vez existe la oportunidad de recopilar pruebas o consultar con un abogado, un familiar o un amigo antes de tomar la decisión” y expulsarlo de Estados Unidos.