Estados Unidos tiene un problema de “crímenes contra la democracia”

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2022-01-02

En una escala muy diferente, deberíamos estar pensando en los crímenes contra la democracia: las acciones quizás legales en la letra pero que no fomentan los conceptos, los valores y los procesos básicos de la democracia, y en particular, de la democracia estadounidense.

Redacción Red Latina<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Los académicos dicen que la identificación de
los crímenes contra la humanidad comenzó a finales del siglo XVIII
con los reclamos contra la trata de esclavos o contra atrocidades como las
ocurridas en el Congo belga. El concepto fue formalmente reconocido en 1915
cuando las potencias aliadas emitieron una declaración que condenaba la matanza
masiva de armenios en el Imperio Otomano. Y por supuesto fueron procesados
formalmente en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial.
Estos son crímenes atroces, a menudo genocidios, dirigidos contra un pueblo y
procesados en la jurisdicción internacional. Se podía argumentar la legalidad
de estas acciones en el contexto de los regímenes en los que se llevaron a
cabo, pero no a los ojos del mundo.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">En una escala muy diferente, deberíamos estar pensando
en los crímenes contra la democracia: las acciones quizás legales en la letra
pero que no fomentan los conceptos, los valores y los procesos básicos de la
democracia, y en particular, de la democracia estadounidense.

<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Si miramos hacia atrás en la historia de EE.UU., vemos
ejemplos de todo esto. Impuestos al voto, cláusulas sobre derechos
adquiridos y pruebas imposibles de alfabetismo dirigidas
a restringir el acceso de los antiguos esclavos al voto duraron en este país
casi cien años antes de que la Corte Suprema dictaminara su
inconstitucionalidad.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Puede que las nuevas formas de supresión del votante
no sean inconstitucionales, pero se ajustan a esta definición de crímenes
contra la democracia.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Algunos crímenes contra la democracia, como el fraude
del votante y la manipulación del voto (por ejemplo, cambiar los
resultados reportados por ciberpirateo), también son crímenes reales.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">La manipulación del votante por parte de una potencia
extranjera, como fue el caso de las elecciones presidenciales de 2016,
entraría en esta categoría. Cuando este tipo de delitos afectan el sufragio en
forma directa, como ocurre en los ejemplos anteriores, son fáciles de
identificar.<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pero es más difícil pensar cómo se aplica este
concepto a las acciones de un cuerpo legislativo.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hemos visto cómo se desarrolla esto cuando los
funcionarios eligen su partido por sobre los valores y los procesos
democráticos. Por ejemplo, cuando en 2016 la legislatura de Carolina del Norte
controlada por los republicanos —en una sesión de legisladores salientes pues
ya se había elegido a un gobernador demócrata— privó significativamente de
poderes a la gobernación, y cuando Wisconsin hizo lo mismo en 2018. Esto
debería ser un crimen contra la democracia, que, si bien no es procesable, no
deja de ser un delito.

<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cuando los senadores demócratas en Wisconsin salieron
de las fronteras estatales para boicotear y negarle el quórum a la mayoría
republicana que había obtenido más votos en una medida antisindical, y cuando
los senadores republicanos de Oregon hicieron lo mismo en 2019 para
evitar la legislación sobre cambio climático, ¿no deberían estas artimañas
constituir un crimen contra la democracia?<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Marcar los límites de los distritos congresistas para
favorecer fines claramente partidarios mientras se está fuera del alcance
judicial, según la decisión reciente de la Corte Suprema (Rucho v. Common Cause
y Lamone v. Benisek), es, en mi opinión, un crimen contra la democracia. Una vez
más, estas son acciones que han llevado adelante tanto legislaturas dominadas
por demócratas (Maryland) como por republicanos (Carolina del Norte), pero son
incorrectas y deberían ser corregidas.<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">¿Qué hay de la despreciable negativa de
considerar la nominación de un juez de la Corte Suprema durante todo un
año? ¿O de los funcionarios gubernamentales que llaman “enemigos” a quienes
critican constructivamente al gobierno o disienten de forma pacífica? ¿O de
dirigir el odio racial contra un miembro en funciones de la
legislatura?<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Este país necesita tomarse más en serio sus procesos
democráticos. He argumentado anteriormente que los representantes electos
deberían seguir la regla dorada de la democracia: gobernar como si mañana no
estuviéramos en el cargo y adoptar leyes y políticas que se le apliquen a uno
cuando ya no sea parte de la mayoría. Pareciera que nuestros partidos políticos
no han considerado esa posibilidad en las últimas décadas.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 22.5pt; line-height: 22.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pero tales “crímenes” no están limitados a los
funcionarios o candidatos electos. Como ciudadanos tenemos la obligación de
hacer nuestra parte en pos del proceso democrático. Eso significa votar y
servir en los jurados cuando se nos llama. ¿Deberíamos considerar nuestra
negativa como un tipo de delito o una infracción contra la democracia?

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