Chicago y el estado de Illinois presentaron una demanda contra el gobierno federal para limitar el alcance de las operaciones de agentes de inmigración en su territorio. Las autoridades sostienen que ciertas prácticas federales interfieren con leyes estatales, vulneran derechos civiles y generan desconfianza en comunidades inmigrantes, afectando la seguridad pública y la cooperación con la policía local. El caso refleja la tensión entre jurisdicciones en el debate migratorio