Minnesota, junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, presentó una demanda contra el gobierno federal tras un operativo migratorio de gran escala en el área de Twin Cities. Las autoridades locales aseguran que las acciones federales excedieron sus atribuciones legales, afectaron derechos constitucionales y generaron temor en comunidades inmigrantes, incluso tras un incidente fatal. El caso intensifica el debate nacional sobre inmigración y autonomía estatal.

Chicago y el estado de Illinois presentaron una demanda contra el gobierno federal para limitar el alcance de las operaciones de agentes de inmigración en su territorio. Las autoridades sostienen que ciertas prácticas federales interfieren con leyes estatales, vulneran derechos civiles y generan desconfianza en comunidades inmigrantes, afectando la seguridad pública y la cooperación con la policía local. El caso refleja la tensión entre jurisdicciones en el debate migratorio