Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos permitió temporalmente la continuidad de una política migratoria que autoriza deportaciones aceleradas de ciertos migrantes hacia terceros países, incluso si no corresponden a su nación de origen. La medida suspende un bloqueo previo que cuestionaba la legalidad del programa y mantiene vigente el mecanismo mientras el caso se revisa judicialmente.

El acceso a datos oficiales sobre inmigración en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más limitado, según investigadores y organizaciones que analizan las políticas migratorias. Aunque el gobierno continúa difundiendo cifras sobre arrestos y deportaciones, expertos señalan retrasos en reportes oficiales, inconsistencias en estadísticas y falta de metodologías claras.

Un informe del Centro TRAC de la Universidad de Syracuse indica que solo el 1.6% de los nuevos casos presentados en las cortes de inmigración involucran acusaciones criminales más allá de la entrada irregular. Aunque las cortes están resolviendo más casos de los que reciben, el atraso supera los 3.38 millones de expedientes. El estudio también advierte sobre bajos niveles de representación legal y cambios recientes que podrían acelerar deportaciones.