Una nueva norma federal reducirá de 30 a 10 días el plazo para apelar decisiones en cortes de inmigración a partir del 8 de marzo. Aunque la medida busca agilizar procesos, abogados y organizaciones advierten que el cambio podría dificultar la preparación adecuada de recursos legales y afectar a quienes enfrentan órdenes de deportación.