La administración de Donald Trump estaría intensificando los procesos para revocar la ciudadanía a personas naturalizadas, aumentando la identificación y litigio de casos de desnaturalización. La medida, enfocada en presunto fraude y otros delitos, ha generado preocupación entre organizaciones civiles por su posible impacto legal y social en miles de ciudadanos.

Las cortes federales enfrentan una sobrecarga histórica de peticiones de habeas corpus presentadas por inmigrantes detenidos bajo la política de detención ampliada de la actual administración. Jueces en Georgia, Minnesota y Nueva York advierten que el volumen de casos está generando una emergencia administrativa y tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo.

El Departamento de Seguridad Nacional amplió la suspensión temporal de solicitudes de inmigración a 39 países y territorios, como parte de una revisión de protocolos de verificación y seguridad. La medida mantiene en pausa miles de trámites de visas, residencias y beneficios migratorios, generando incertidumbre entre comunidades migrantes y reavivando el debate nacional sobre el manejo de la inmigración legal.