Trump endurece reglas bancarias: remesas y cuentas migrantes bajo mayor vigilancia en Estados Unidos

Trump Tightens Banking Rules: Remittances and Migrant Accounts Under Increased Scrutiny in the U.S.

Orden Ejecutiva Trump

Nueva orden ejecutiva exige a bancos revisar transferencias internacionales, estatus migratorio y uso de números ITIN en operaciones financieras.

New Executive Order Requires Banks to Review International Transfers, Immigration Status, and the Use of ITINs in Financial Transactions

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva denominada "Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos", la cual obliga a los bancos a someter a un estricto escrutinio las transferencias internacionales de dinero y verificar el estatus migratorio de sus clientes. Esta medida busca frenar el lavado de dinero y las actividades ilícitas ligadas a las remesas. [1, 2, 3]

Impacto en las remesas y servicios financieros

• Vigilancia exhaustiva: El Departamento del Tesoro estadounidense fue instruido para reforzar la supervisión sobre los movimientos transfronterizos, lo que significa que el envío de remesas estará sujeto a una mayor revisión de origen, destino y monto.

• Revisión de estatus migratorio: Se exige a los bancos examinar la situación migratoria y la ciudadanía de sus clientes, restringiendo el acceso a cuentas bancarias y servicios de crédito a personas sin autorización legal para residir en el país.

• Uso de números ITIN: Ha surgido preocupación en la comunidad migrante sobre el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) y su escrutinio por parte de las instituciones financieras.

President Donald Trump issued an executive order titled “Restoring Integrity to the United

Sistema Financiero EEUU

States Financial System,” requiring banks to place international money transfers under stricter scrutiny and verify the immigration status of their customers. The measure aims to combat money laundering and illicit activities linked to remittances.

Impact on Remittances and Financial Services

• Enhanced monitoring: The U.S. Department of the Treasury was instructed to strengthen oversight of cross-border financial transactions, meaning remittance transfers will face increased review regarding their origin, destination, and amount.

• Immigration status verification: Banks are now required to examine the immigration status and citizenship of their customers, restricting access to bank accounts and credit services for individuals without legal authorization to reside in the country.

• Use of ITIN numbers: Concerns have emerged within immigrant communities regarding the use of Individual Taxpayer Identification Numbers (ITINs) and the increased scrutiny these identifiers may receive from financial institutions.

Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos

Por la autoridad que me confiere como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, se ordena lo siguiente:

Sección 1. Propósito.

Las instituciones financieras de Estados Unidos desempeñan un papel fundamental en la protección del pueblo estadounidense contra el fraude y los abusos financieros. Mi Administración ha tomado medidas importantes para reducir los costos de los servicios financieros para los estadounidenses y disminuir regulaciones federales innecesarias y excesivas que frenan el crecimiento económico y afectan la competitividad de los proveedores de servicios financieros en todo el país.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo ha sido política de Estados Unidos adoptar medidas específicas para proteger nuestro sistema financiero contra usos ilícitos y promover prácticas seguras y responsables de préstamos y otros servicios financieros por parte de las instituciones financieras. Mi Administración no tolerará riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por actividades financieras ilícitas transfronterizas, ni permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o servicios financieros a poblaciones de extranjeros inadmisibles o sujetos a deportación.

Incluso la provisión de los servicios financieros más básicos, sin prácticas adecuadas de “conozca a su cliente”, puede ser utilizada indebidamente para facilitar el financiamiento de actividades que representan amenazas importantes para la seguridad nacional y la seguridad pública. Las transferencias internacionales de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer financiamiento al terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras

actividades ilegales.

Análisis de tendencias financieras han descubierto centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos vinculados a cárteles mexicanos. Un análisis reciente sobre redes chinas de lavado de dinero identificó cómo titulares de pasaportes extranjeros utilizaron cuentas bancarias en Estados Unidos para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales, incluyendo actividades relacionadas con la trata de personas.

Se requieren programas sólidos de identificación de clientes y medidas reforzadas de debida diligencia para mitigar estos riesgos.

Los bancos y otras instituciones financieras también deben prestar atención a los riesgos crediticios derivados de otorgar préstamos hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito y otros créditos al consumidor a personas sin autorización legal de trabajo o sujetas a deportación. Muchos de estos prestatarios enfrentan la posibilidad de perder ingresos debido a deportaciones o por decisiones de empleadores que busquen cumplir con la ley migratoria.

Otorgar crédito a personas sin autorización laboral legal o que enfrentan un alto riesgo de pérdida salarial crea deficiencias estructurales en la “capacidad de pago” que afectan la estabilidad y seguridad del sistema bancario nacional.

Además, empleadores que violan leyes migratorias pueden reportar salarios incorrectos, utilizar números de Seguro Social inválidos o no retener adecuadamente impuestos sobre nómina. Estos esquemas pueden generar vulnerabilidades dentro del sistema financiero al ocultar fuentes de ingresos, distorsionar evaluaciones crediticias y facilitar actividades económicas clandestinas.

Sistema Financiero EEUU

Es política de mi Administración restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense, proteger a las instituciones financieras contra riesgos estructurales y desalentar el fraude y el abuso.

Sección 2. Definición.

El término “regulador financiero funcional federal” significa:

• La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal,

• La Oficina del Contralor de la Moneda,

• La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC),

• Y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito.

Sección 3. Protección contra Fraude y Abuso.

(a)

Dentro de los 60 días posteriores a esta orden, el Secretario del Tesoro emitirá una advertencia formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con la explotación del sistema financiero estadounidense por poblaciones sin autorización laboral y sus empleadores.

La advertencia describirá señales de alerta relacionadas con:

1.   Evasión de impuestos sobre nómina.

2.   Uso de documentos extranjeros o empresas fachada para ocultar pagos.

3.   Uso de plataformas financieras no registradas para pagos “fuera de libros”.

4.   Retiros y depósitos repetitivos diseñados para evitar reportes financieros.

5.   Actividades relacionadas con trata laboral o trabajo forzado.

6.   Uso de ITIN para abrir cuentas o solicitar crédito sin estatus migratorio legal verificado.

Aunque el ITIN facilita el cumplimiento fiscal, su uso en lugar de un número de Seguro Social o visa de trabajo válida podrá considerarse un factor de riesgo que requiera mayor revisión.

(b)

Dentro de 90 días, el Secretario del Tesoro propondrá cambios regulatorios para fortalecer requisitos de debida diligencia de clientes bajo la Ley de Secreto Bancario.

Las instituciones deberán:

• recopilar y verificar información suficiente sobre la identidad de clientes y beneficiarios reales;

• y obtener información adicional cuando existan preocupaciones relacionadas con fraude, evasión de sanciones o actividades ilícitas.

Esto puede incluir información relacionada con estatus migratorio legal y autorización laboral cuando sea relevante para evaluar riesgos financieros.

(c)

Dentro de 180 días, el Departamento del Tesoro y reguladores financieros considerarán cambios regulatorios adicionales relacionados con programas de identificación de clientes y riesgos asociados con tarjetas consulares extranjeras.

Sección 4. Riesgos Crediticios Estructurales.

(a)

Dentro de 60 días, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor considerará aclarar que la posibilidad de deportación o pérdida salarial puede afectar la capacidad de pago de prestatarios sin autorización laboral.

Los prestamistas podrán considerar estos factores como parte de sus evaluaciones crediticias.

(b)

También dentro de 60 días, reguladores financieros federales emitirán lineamientos sobre el manejo de riesgos crediticios relacionados con poblaciones sin autorización laboral.

Sección 5. Disposiciones Generales.

Nada en esta orden afecta la autoridad legal de agencias federales ni funciones presupuestarias existentes.

La orden será implementada conforme a la ley vigente y disponibilidad presupuestaria.

La orden no crea derechos legales exigibles contra el gobierno de Estados Unidos.

Los costos de publicación serán cubiertos por el Departamento del Tesoro.

DONALD J. TRUMPLA CASA BLANCA19 de mayo de 2026

Estatus Migratorio

RESTORING INTEGRITY TO AMERICA’S FINANCIAL SYSTEM

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered: 

Section 1.  Purpose.  America’s financial institutions serve a critical role in safeguarding the American people against financial fraud and abuse.  My Administration has taken significant steps to lower the costs of providing financial services for Americans and reduce unnecessary and burdensome Federal regulations that restrain economic growth and hamper the competitiveness of financial service providers nationwide.  However, it has long been the policy of the United States to adopt tailored measures to safeguard our financial system from illicit use and promote safe and sound lending and other practices by financial institutions.  My Administration will not tolerate national security and public safety risks caused by illicit cross-border financial activity, nor will it permit risks to our financial system posed by the extension of credit or financial services to the inadmissible and removable alien population.

Even the provision of the most basic financial services, absent proper know-your-customer practices, can be abused to facilitate the funding of activities that pose significant threats to national security and public safety.  Low-dollar cross-border funds transfers have been used to facilitate or commit terrorist financing, narcotics trafficking, human trafficking, and other illegal activity.  Financial trend analyses have uncovered hubs of deadly fentanyl-related financial activity in the United States related to Mexico-based cartels.  A recent analysis of Chinese money laundering networks identified how foreign passport holders have used United States-based accounts to facilitate the laundering of over $312 billion for criminal organizations, with human trafficking highlighted among the activities associated with the transfers.  Robust customer identification programs and enhanced due diligence measures are necessary to mitigate these risks.

Banks and other financial institutions should also be attentive to the credit risks posed by the extension of mortgage and auto loans, credit cards, and other consumer credit to the inadmissible and removable alien population.  Many of those borrowers face the possibility of the loss of wages due to removal or their employers’ decisions to comply with immigration law.  Lending to aliens without legal work authorization or who face a substantial loss-of-wage risk creates a structural “ability to repay” deficiency that undermines the safety and soundness of the national banking system.  Additionally, employers who violate immigration law may underreport wages, use mismatched or invalid Social Security numbers and taxpayer identification numbers, or fail to properly withhold or remit payroll taxes.  Such schemes can create vulnerabilities within our financial system by obscuring income sources, distorting credit underwriting, and facilitating underground economic activity.

It is the policy of my Administration to restore integrity to America’s financial system, safeguard financial institutions against structural risks, and deter fraud and abuse.

Sec. 2.  Definition.  The term “Federal functional financial regulator” means the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Office of the Comptroller of the Currency, the Federal Deposit Insurance Corporation, and the National Credit Union Administration.

Sec. 3.  Safeguarding Against Fraud and Abuse.  (a)  Within 60 days of the date of this order, the Secretary of the Treasury shall issue a formal Advisory to financial institutions regarding the risks associated with the exploitation of the United States financial system by non-work authorized populations and their employers.  This Advisory shall describe specific red flags and typologies associated with the following categories of suspicious activity:

(i)    evidentiary patterns of payroll tax evasion by employers or labor brokers, including the systematic failure to withhold or remit Federal employment taxes for non-work authorized individuals;

(ii)   the utilization of certain foreign-identity documents, nominee accounts, shell companies, or complex “funnel” structures designed to obfuscate the identity of the ultimate beneficial owners or conceal the true nature of payroll disbursements;

(iii)  the strategic use of unregistered money services businesses, third-party payment processors, or peer-to-peer platforms to facilitate “off-the-books” wage payments intended to bypass Bank Secrecy Act reporting thresholds or tax obligations;

(iv)   patterns of repetitive, sub-threshold cash withdrawals or deposits that correlate with payroll cycles conducted outside of regulated payroll processing systems, also known as “structuring and micro-structuring”;

(v)    financial activity indicative of labor trafficking or forced labor (as defined in 18 U.S.C. 1589), where proceeds are commingled with legitimate business revenue or transferred to foreign jurisdictions; and

(vi)   the use of an individual taxpayer identification number (ITIN) to obtain credit products or open depository accounts where the applicant lacks verified lawful immigration status.  Although an ITIN facilitates tax compliance, its use in lieu of a Social Security number or valid work-authorized visa may be identified as a risk factor requiring enhanced due diligence to ensure the account is not being utilized to facilitate the unlawful employment of unauthorized aliens.

(b)  Within 90 days of the date of this order, the Secretary of the Treasury shall, in consultation with the appropriate Federal functional financial regulators, propose changes to applicable implementing regulations of the Bank Secrecy Act to strengthen risk-based customer due diligence requirements for covered financial institutions.  Such changes should ensure that:

(i)   institutions collect and verify sufficient customer identity information to reasonably identify the nominal and beneficial owners of accounts in order to assess risks related to illicit finance, sanctions evasion, fraud, or other unlawful activity; and

(ii)  institutions maintain the authority, where warranted by other risk indicators or supervisory concerns, to obtain additional information necessary to resolve material compliance concerns, including information relevant to whether account holders possess lawful immigration status and employment authorization in the United States when such information is relevant to assessing risks associated with fraud, identity misrepresentation, sanctions evasion, or other illicit financial activity, as part of a risk-based customer due diligence program.

(c)  Within 180 days of the date of this order, the Secretary of the Treasury and the appropriate Federal functional financial regulators shall consider changes to applicable implementing regulations of the Bank Secrecy Act to strengthen risk-based customer identification program requirements for covered financial institutions.  Any changes considered should account for the risks foreign consular identification cards pose to the integrity of the United States financial system.

Sec. 4.  Addressing Structural Credit Risks.  (a)  Within 60 days of the date of this order, the

Remesas México USA

Consumer Financial Protection Bureau shall consider clarifying that potential deportation and loss of wages are factors that could adversely affect a non-work authorized borrower’s ability to repay an extension of credit under the “ability-to-repay” standards in 12 CFR Part 1026 and its appendices and supplements, and that lenders may consider such factors as part of a reasonable and good-faith underwriting determination.

(b)  Within 60 days of the date of this order, each appropriate Federal functional financial regulator shall issue guidance regarding the management of the potential credit risks posed by the non-work authorized population.

Sec. 5.  General Provisions.  (a)  Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:

(i)   the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or

(ii)  the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

(b)   This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.

(c)  This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

(d)  The costs for publication of this order shall be borne by the Department of the Treasury.

DONALD J. TRUMP

THE WHITE HOUSE,

 May 19, 2026.