La administración de Donald Trump estaría intensificando los procesos para revocar la ciudadanía a personas naturalizadas, aumentando la identificación y litigio de casos de desnaturalización. La medida, enfocada en presunto fraude y otros delitos, ha generado preocupación entre organizaciones civiles por su posible impacto legal y social en miles de ciudadanos.

Un juez federal del Distrito de Massachusetts emitió una orden judicial que prohíbe a ICE acceder y utilizar datos tributarios confidenciales del IRS para localizar inmigrantes. La medida, de carácter preliminar, bloquea el intercambio de información fiscal mientras avanza un litigio impulsado por organizaciones comunitarias y de derechos civiles, que advierten sobre riesgos a la confidencialidad y a la confianza en el sistema tributario.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una orden ejecutiva que refuerza la protección de los migrantes frente a operativos de ICE y reafirma a la ciudad como jurisdicción santuario. La medida limita la cooperación con autoridades federales, protege datos personales y restringe el acceso de agentes migratorios a espacios sensibles, en un contexto de mayor presión federal sobre políticas migratorias locales.

Tom Homan, designado por Donald Trump como “zar de la frontera”, calificó a las ciudades santuario como “refugios para criminales” y afirmó que la falta de cooperación con el gobierno federal pone en riesgo la seguridad pública. Sus declaraciones, realizadas en Minnesota, reavivaron el debate nacional sobre inmigración y generaron críticas de defensores de los derechos de los inmigrantes.

El gobierno de Estados Unidos propone modificar la regla de “carga pública”, ampliando la discrecionalidad de los funcionarios migratorios para evaluar solicitudes de visas y residencia. La falta de claridad sobre su aplicación ha generado preocupación por un posible efecto disuasorio que podría alejar a familias inmigrantes de servicios esenciales.

El gobierno de Estados Unidos anunció la revocación de más de 100 000 visas como parte de una nueva ofensiva para reforzar el control migratorio y la seguridad nacional. La medida afecta visas de estudiantes, trabajadores temporales y permisos especializados, generando preocupación en universidades, sectores laborales y organizaciones defensoras de inmigrantes, que advierten sobre posibles deportaciones y efectos económicos y sociales.