México y Estados Unidos, en busca de la fortuna oculta y corrupta de García Luna

politica, china, red latina, relaciones internacionales

2023-01-29

El Gobierno mexicano acusa al exfuncionario de desviar fondos públicos por más de 750 millones de dólares a Florida, mientras que Washington pone la mira en los sobornos del Cartel de Sinaloa

<p style="margin: 0cm 0cm 21pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Redacción
Red Latina <o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">El Gobierno de
México envió el 18 de octubre de 2021 una carta dirigida al reo número
59745-177 del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
Preso por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos, Genaro
García Luna recibía el aviso oficial de que las autoridades de su país también
iban a abrir otro frente legal en su contra. “Deliberada e ilegalmente, usted
obtuvo o usó un total de al menos 250 millones de dólares que legítimamente le
pertenecen a los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el documento. La demanda
civil, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que el
exsecretario de Seguridad Pública aprovechó sus contactos después de dejar su
puesto y encabezó un esquema corrupto que desvió fondos públicos para
crear un “imperio” inmobiliario en Florida. La bomba se filtró esta semana a
los medios prácticamente al mismo tiempo que García Luna se sentaba en el
banquillo de los acusados en el inicio del juicio penal en Nueva York, en el
que es señalado de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante más de 20
años. Son dos pistas diferentes que siguen el rastro del dinero corrupto y que
transcurren en paralelo. La Casa Blanca persigue, en parte, los sobornos del
narco y las autoridades mexicanas van tras él por fraude y malversación, con
daños que ascienden hasta los 750 millones de dólares.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">La batalla legal
de Estados Unidos y México contra García Luna va por dos carriles separados. El
juicio en Nueva York es un caso penal contra el antiguo jefe de la Policía
Federal, pero también tiene una derivada económica, ya que se le acusa de
recibir “decenas de millones de dólares” en sobornos del narcotráfico desde
2001, a los pocos meses de que asumió como director de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI), creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006).
Los nexos del exfuncionario y la delincuencia organizada se estrecharon
especialmente cuando fue secretario de Seguridad Pública en la
Administración de Felipe Calderón (2006-2012), pero continuaron varios
años después, incluso tras su detención en 2019 en Texas, argumentan los
fiscales. Por otro lado, el caso que construyeron las autoridades mexicanas es
una demanda civil en Florida. Los casos civiles no se zanjan con penas de
cárcel, sino que suelen reclamar que el acusado pague dinero.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">No hay un
precedente de que el Gobierno mexicano utilizara una estrategia legal similar
para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupción que terminaran en
otros países. “Lo que nosotros vamos a procurar es recoger el dinero, eso nos
corresponde a nosotros”, dijo esta semana el presidente, Andrés Manuel López
Obrador, que ha aprovechado el juicio penal en Nueva York para poner en la
agenda los reclamos de México en la corte de Miami. El mandatario ha
dejado claro que el proceso contra García Luna es una de sus máximas
prioridades y que será un tema recurrente en sus conferencias de prensa
diarias. El presidente ya se había quejado en varias ocasiones de que EE UU se
suele quedar con la riqueza que políticos y narcotraficantes logran construir
mediante actos criminales o de corrupción cometidos en México. “Es un drama
judicial”, comentó sobre el juicio penal.

<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">La batalla de la
UIF no ha sido fácil. También en México fue objeto de controversia y de fuego
amigo dentro del propio Gobierno federal. La demanda inicial se presentó ante
la Corte del 11º Distrito Judicial de Florida el 21 de septiembre de 2021,
semanas antes de que Santiago Nieto dejara la dirección de la UIF. El
brazo de la Secretaría de Hacienda contra el lavado de dinero contrató a un
despacho de abogados de Estados Unidos para que actuara como su representante
en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA,
conocida como KCM. A cambio de sus servicios legales, el Gobierno mexicano se
comprometió a pagar a los intermediarios el 30% de lo que lograran recuperar en
los tribunales de la fortuna corrupta de García Luna, que la demanda estimaba
en 250 millones de dólares. Si la demanda no prospera, los litigantes
estadounidenses se irán con las manos vacías.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">La contratación
de un intermediario privado para representar a la UIF levantó las sospechas de
la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero,
que mantuvo una pugna política contra Nieto cuando este fue parte del
Gobierno federal. La FGR inició una carpeta de investigación y acusó al
funcionario de Hacienda de uso ilícito de atribuciones por haber contratado a
la firma de abogados para representar al país. Nieto se defendió en su momento
con el argumento de que México no cuenta con una representación jurídica para
encabezar procesos semejantes en EE UU, y señaló que el contrato era equiparable
al que suscribió la Secretaría de Relaciones Exteriores para contar con una
representación legal en la demanda de México contra empresas armamentistas.
Nieto se lamentaba de que los cuestionamientos de la FGR sobre el contrato con
KCM le daban argumentos a la justicia estadounidense para desconocer la
legitimidad del litigio y ponían en riesgo la recuperación del dinero público
robado por García Luna.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">La demanda
pareció tambalearse cuando Nieto dejó la UIF y fue sustituido por Pablo Gómez,
un político y economista de izquierda de todas las confianzas de López Obrador.
Pero Gómez ratificó en la corte de Florida el litigio iniciado por Nieto y el
31 de octubre de 2022 presentó una ampliación de la demanda en la que elevó
a 745,4 millones de dólares la fortuna ilícita de García Luna, de la que busca
recuperar cuando menos 600 millones de dólares. La UIF ha sido enfática en
afirmar que el exfuncionario construyó su riqueza con dinero “robado” a México
mediante actos de corrupción.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">La demanda
enlista 30 contratos entregados por instituciones públicas a empresas de García
Luna o de sus testaferros entre 2009 y 2018. El dinero desviado del erario era
transferido a cuentas en Barbados, Israel o EE UU y luego era invertido en
empresas y bienes en Florida. “Bajo la dirección de García Luna, los fondos
ilegalmente tomados del Gobierno de México fueron usados para construir un
imperio de blanqueo de dinero que incluye al menos 30 compañías, al menos 30
bienes raíces, múltiples autos y yates, numerosas inversiones bancarias y
bienes localizados en Florida”, señala la demanda.

<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">El Gobierno
mexicano atribuye a García Luna un complejo entramado que incluye empresas
fachada en paraísos fiscales como Panamá o el Estado de Delaware. Se asegura
que el exsecretario también echó mano de fideicomisos para administrar los
bienes, una de las estructuras financieras más opacas y alejadas del brazo de
las autoridades. El esquema utiliza empresas para la adquisición de propiedades,
pero también apela a otras compañías para hipotecar los activos, lo que
permitía a los beneficiarios tener flujos constantes de dinero que les
permitían tener un estilo de vida lleno de lujos, se reclama en la demanda.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">La UIF acusa
también a Linda Cristina Pereyra, la esposa de García Luna, de ser una de las
mayores beneficiarias del “imperio de lavado de dinero” que encabezó su marido,
así como a otros seis cómplices que actuaron como testaferros y ayudaron a que
la pareja se estableciera en Miami durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto
(2012-2018). A cambio, el exfuncionario abrió empresas de consultoría que les
ayudaron a hacerse de múltiples contratos gubernamentales y a dividir los
beneficios entre los socios, según los actos reclamados por el Gobierno
mexicano.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">En las últimas
dos semanas, Pereyra ha estado presente en casi todas las audiencias que ha
habido del juicio en Nueva York. Sentada en una banca de la corte de Brooklyn
reservada para la familia del acusado, la mujer de García Luna ha saludado y
mandado besos a la distancia a su esposo, y ha evitado tener contacto con los
casi 20 reporteros que entran a la sala en cada sesión para cubrir el juicio,
que se sientan a sus espaldas. Las reglas prohíben que los periodistas aborden
a otros asistentes para entrevistarlos dentro del tribunal. Pereyra suele
entrar y salir escoltada por el equipo de abogados que defiende a su marido y
no ha dado declaraciones a la prensa tras abandonar el recinto.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">La posibilidad de
que los caminos del juicio penal de Estados Unidos y de la demanda civil de
México se cruzaran era latente hasta hace unos días. El proceso judicial contra
García Luna ha provocado una tormenta política en México ante el hecho de que
las acusaciones puedan salpicar a por lo menos tres expresidentes: Fox,
Calderón y Peña Nieto. Los fiscales, de hecho, fueron enfáticos en su momento
en señalar el estilo de vida lujoso del acusado tras mudarse a Florida y
establecieron por escrito que vivió en mansiones y navegó en yates, facilitados
por sus socios.

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> El juez Brian
Cogan, sin embargo, cerró la puerta a que se hablara de la fortuna de García
Luna después de dejar el Gobierno de Calderón. “Este tribunal no va a permitir
que el jurado especule sobre el hecho de que el estilo de vida del acusado
al abandonar su cargo se financió con dinero del cartel, cuando no hay
evidencia de que ese sea el caso”, señaló en una orden emitida el pasado 19 de
enero sobre los testimonios que se iban a admitir en la corte y las preguntas
que se iba permitir hacer a ambas partes.<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">En un revés para
la Fiscalía, Cogan no vio que las autoridades pudieran demostrar que existiera
un vínculo entre el caso por narcotráfico y la supuesta corrupción que cometió
durante el Gobierno de Peña Nieto. El juez dijo que los fiscales pueden
presentar más adelante evidencia sobre el trabajo del exfuncionario como
consultor, pero señaló que a menos de que pueda sustentar que estaba
“ofreciendo servicios de consultoría para los miembros del cartel, esta
evidencia es claramente irrelevante”.<o:p></o:p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Estados Unidos
persigue la sombra de la complicidad entre el narco y las autoridades. México
va tras el rastro de un sistema multimillonario de corrupción gubernamental. En
esa encrucijada, difícil de disociar en el juicio mediático, los reflectores
están sobre García Luna, que sostiene su inocencia en medio de un huracán
político y dos frentes de una batalla legal sin precedentes contra un
exfuncionario mexicano. A la espera de que avance la demanda en Florida, el
juicio en Nueva York se reanuda el próximo lunes con la próxima ronda de
declaraciones de una lista que incluye al menos 70 testigos listos para
declarar en su contra.<o:p></o:p>

10,400

Fans

752

Fans

1755

Fans

818

Fans

México y Estados Unidos, en busca de la fortuna oculta y corrupta de García Luna

Follow Us

Newsletter