Dos oficiales de San Luis golpearon a un hombre esposado y usaron una pistola eléctrica contra él, lo que resultó en un acuerdo judicial de 600,000 dólares. En otro caso, un alguacil del suroeste de Misuri fue condenado por agredir a la esposa de otro oficial. En el sureste del estado, un policía que pateó a un hombre en el suelo y presentó un informe engañoso fue despedido. Two St. Louis police officers hit a handcuffed man and shocked him with a Taser, leading to a $600,000 settlement. In another case, a deputy in southwest Missouri was convicted of assaulting another deputy’s wife. In the southeast of the state, an officer who kicked a man on the ground and filed a misleading report was fired.
A pesar de la gravedad de estos incidentes, los tres conservaron sus licencias policiales y siguen trabajando como agentes de la ley, incluso después de ser presentados ante una junta disciplinaria estatal. Despite the seriousness of these incidents, all three retained their police licenses and continue to work as officers, even after being brought before a state disciplinary board.
La mala conducta de los oficiales debería ser reportada al Departamento de Seguridad Pública de Misuri, pero en muchos casos pasan años antes de que eso ocurra, si es que se reporta. Actualmente no existe un plazo obligatorio para que los departamentos presenten estos informes, ni consecuencias por no hacerlo. Además, Misuri no revoca automáticamente la licencia de un oficial condenado por delitos graves. Officer misconduct is supposed to be reported to the Missouri Department of Public Safety, but in many cases it takes years for that to happen—if it happens at all. Currently, there is no mandatory deadline for departments to submit such reports, nor are there consequences for failing to do so. Missouri also does not automatically revoke a license when an officer is convicted of a serious crime.
Una revisión del Marshall Project – St. Louis analizó más de 600 acusaciones de mala conducta revisadas por agencias estatales antes de llegar a la comisión correspondiente. La investigación expuso un proceso que puede tardar años en resolverse y que permite de manera rutinaria que oficiales responsables de faltas graves mantengan sus puestos. The Marshall Project – St. Louis reviewed more than 600 misconduct allegations vetted by state agencies before reaching the commission. The investigation revealed a process that can take years to resolve and routinely allows officers guilty of serious wrongdoing to keep their jobs.
Este hallazgo genera dudas sobre la efectividad del sistema estatal para identificar y remover a policías que incumplen con sus deberes. Muchos incluso siguen trabajando mientras están bajo investigación. These findings raise concerns about how effective the state is at identifying and removing police officers who fail to uphold their duties. Many even continue working while under investigation.
Defensores de la rendición de cuentas policial consideran que este sistema debilita la seguridad pública y erosiona la confianza de la ciudadanía. Advocates for police accountability believe this system undermines public safety and erodes public trust.
El sistema de licencias policiales de Misuri funciona con regulaciones poco estrictas y es supervisado por múltiples agencias, lo que genera un entramado complejo. Además, la ley estatal prohíbe que el Departamento de Seguridad Pública revele en qué departamentos trabajaron los oficiales en el pasado. Esta práctica, conocida como “muni shuffle”, facilita que los oficiales con problemas en su historial se trasladen de una municipalidad a otra sin dejar rastro visible. Missouri’s police licensing system operates with weak regulations and is overseen by a web of agencies, making it complex and inconsistent. State law also prevents the Department of Public Safety from disclosing where officers have worked previously. This practice, known as the “muni shuffle,” allows troubled officers to move between municipalities without leaving a clear trace.
El Departamento de Seguridad Pública de Misuri es responsable de otorgar las licencias requeridas para ejercer como oficiales juramentados. Su programa de Normas y Entrenamiento para Oficiales de Paz investiga los reportes de mala conducta. Aunque cualquier persona puede presentar una denuncia, la mayoría proviene de departamentos policiales. Si la agencia se entera de incidentes a través de los medios de comunicación, también puede iniciar una investigación. The Missouri Department of Public Safety is responsible for issuing the licenses required to work as sworn officers. Its Peace Officer Standards and Training program investigates reports of misconduct. While anyone can file a complaint, most come from police departments. If the agency learns of incidents through media reports, it can also open a case.
Cuando se determina que un oficial debe enfrentar medidas disciplinarias, el caso pasa a la oficina del fiscal general, que puede presentar la denuncia ante la Comisión de Audiencias Administrativas. Esa comisión decide si la disciplina es necesaria y puede suspender, revocar o poner en período de prueba una licencia. If officials determine an officer should face discipline, the case goes to the attorney general’s office, which can file a complaint with the Administrative Hearing Commission. That body decides whether discipline is warranted and can suspend, revoke, or place a license on probation.
Un análisis de 627 casos tratados por la Comisión de Audiencias desde 2014 mostró que el proceso es lento: en promedio pasaron más de 500 días entre el incidente y la apertura formal del caso. En algunos ejemplos, los retrasos superaron una década. Incluso en casos que involucraron muertes, las denuncias tardaron más de un año en ser presentadas. An analysis of 627 cases handled by the commission since 2014 showed the process is slow: on average, more than 500 days passed between the incident and the formal case filing. In some examples, delays stretched over a decade. Even in cases involving deaths, complaints often took more than a year to be filed.
De esos 627 casos, 73 estaban relacionados con conductas sexuales inapropiadas, 33 de ellos contra menores de edad. En una denuncia reciente, un exoficial de San Luis fue acusado de obligar a una niña de 7 años a realizar actos sexuales. Aunque los servicios de protección infantil confirmaron la acusación, el oficial consiguió empleo en otro departamento mientras su audiencia disciplinaria aún está pendiente. Of the 627 cases, 73 involved allegations of sexual misconduct, 33 of them against minors. In one recent complaint, a former St. Louis officer was accused of forcing a 7-year-old girl into sexual acts. Child welfare services substantiated the accusation, yet the officer found work in another department while his disciplinary hearing is still pending.
En total, 135 oficiales entregaron voluntariamente sus licencias y 150 las perdieron por revocación. El resto de los casos resultaron en suspensiones, períodos de prueba, licencias expiradas o aún sin resolver. Incluso hubo casos en que oficiales condenados por fraude o robo a mano armada conservaron sus licencias hasta su vencimiento. In total, 135 officers voluntarily surrendered their licenses and 150 had them revoked. The remaining cases resulted in suspensions, probation, expired licenses, or remain unresolved. Some officers convicted of crimes such as fraud and armed robbery even kept their licenses until they expired.
El caso de Eric DeValkenaere, exdetective de Kansas City condenado por homicidio involuntario en 2019, destacó cómo incluso condenas graves no se traducen en sanciones inmediatas sobre la licencia. Aunque su condena fue conmutada en 2024, todavía figuraba como licenciado hasta meses después, cuando finalmente entregó su credencial. The case of Eric DeValkenaere, a former Kansas City detective convicted of involuntary manslaughter in 2019, highlighted how even serious convictions do not automatically lead to licensing consequences. Although his prison sentence was commuted in 2024, he remained licensed until months later, when he finally surrendered his credentials.
Expertos en reforma policial y organizaciones civiles han propuesto medidas para mejorar el sistema: establecer plazos obligatorios para reportar faltas, permitir la descertificación automática tras ciertas condenas y dar más independencia al Departamento de Seguridad Pública frente a la oficina del fiscal general y la Comisión de Audiencias Administrativas. Experts in police reform and civil rights groups have proposed measures to improve the system: setting mandatory deadlines for reporting misconduct, instituting automatic decertification for certain convictions, and giving the Department of Public Safety more independence from the attorney general’s office and the Administrative Hearing Commission.
Otros estados ya han endurecido sus mecanismos de supervisión. En Illinois, los oficiales condenados por delitos graves pierden automáticamente sus licencias, y desde 2024 se exigen revisiones de antecedentes más rigurosas. Florida, Kentucky, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire y Kansas también han fortalecido sus leyes, en algunos casos otorgando acceso público al historial laboral de los oficiales. Other states have already tightened their oversight systems. In Illinois, officers convicted of felonies automatically lose their licenses, and since 2024, more thorough background checks are required. Florida, Kentucky, Massachusetts, New Jersey, New Hampshire, and Kansas have also strengthened their laws, in some cases giving the public access to officers’ employment histories.
El Departamento de Seguridad Pública de Misuri ha aumentado su personal de investigación y ha buscado con más frecuencia que los oficiales entreguen sus licencias de manera voluntaria, lo cual acelera el proceso en comparación con los largos trámites administrativos. Sin embargo, las críticas señalan que las reformas siguen siendo insuficientes para garantizar la transparencia y la seguridad. The Missouri Department of Public Safety has expanded its investigative staff and has more frequently sought voluntary license surrenders, which speeds up the process compared to lengthy administrative procedures. However, critics argue that these reforms remain insufficient to ensure transparency and safety.
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