Un juez bloquea temporalmente a Trump de suspender fondos de cuidado infantil para cinco estados tras demanda de la fiscal de Nueva York.

A judge temporarily blocks Trump from suspending child care funding for five states following a lawsuit filed by the New York attorney general.

Un juez federal en Manhattan, Arun Subramanian, decidió bloquear de manera temporal la medida impulsada por la administración Trump que buscaba retener alrededor de 10 mil millones de dólares destinados a programas de cuidado infantil y otros servicios sociales en cinco estados, entre ellos Nueva York.

A federal judge in Manhattan, Arun Subramanian, temporarily halted a move by the Trump administration that aimed to withhold approximately $10 billion in funding for childcare programs and other social services across five states, including New York.

La resolución judicial busca garantizar que las familias continúen recibiendo apoyos esenciales mientras el caso avanza en los tribunales. El juez explicó que se trata de una orden preliminar cuyo objetivo principal es mantener la situación actual sin cambios drásticos.

The court ruling is intended to ensure that families maintain access to essential benefits while legal proceedings continue. The judge emphasized that the injunction is preliminary and designed to preserve the status quo.

La orden tendrá vigencia por dos semanas, a menos que el tribunal determine una extensión o emita una nueva decisión durante ese periodo, según reportes de medios locales.

The injunction will remain in effect for two weeks unless the court decides otherwise or issues a new ruling within that timeframe, according to local reports.

Días antes, la administración Trump había argumentado que la suspensión de los fondos respondía a presuntas preocupaciones sobre fraude y uso indebido de recursos en estados gobernados por demócratas, incluyendo California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York.

Earlier, the Trump administration claimed that the funding freeze was based on alleged concerns over fraud and misuse of federal funds in Democratic-led states such as California, Colorado, Illinois, Minnesota, and New York.

La decisión judicial se produjo poco después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con otros fiscales estatales, presentaran una demanda contra el gobierno federal por congelar tres fuentes de financiamiento que representan más de 3 mil millones de dólares solo en Nueva York.

The court’s action came shortly after New York Attorney General Letitia James and several other state attorneys general filed a lawsuit against the federal government over the freezing of three funding streams totaling more than $3 billion in New York alone.

James calificó la orden judicial como una victoria significativa para las familias afectadas, asegurando que la congelación de fondos habría tenido consecuencias devastadoras para comunidades vulnerables.

James described the ruling as a critical victory for families, stating that the funding freeze would have caused serious harm to vulnerable communities.

Los fiscales advirtieron que la pérdida de estos recursos podría frenar programas clave contra la pobreza, limitar el acceso al cuidado infantil para familias de bajos ingresos y provocar el cierre de guarderías en múltiples estados.

Attorneys general warned that losing these funds could stall anti-poverty programs, reduce access to childcare for low-income families, and force childcare centers to shut down.

Estas preocupaciones surgen en un momento en que líderes estatales y locales, como la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani, impulsan planes para ampliar el acceso universal al cuidado infantil.

These concerns arise as state and local leaders, including Governor Kathy Hochul and Mayor Zohran Mamdani, push initiatives aimed at expanding universal access to childcare.

Las autoridades señalaron que, de mantenerse la congelación, los estados podrían verse obligados a destinar recursos propios para cubrir el vacío dejado por la financiación federal.

Officials noted that if the freeze continues, states may be forced to redirect their own funds to compensate for the loss of federal support.

Durante una conferencia de prensa, James alertó que cientos de miles de familias en todo el país sentirían el impacto directo si los fondos no se restablecen.

At a press conference, James warned that hundreds of thousands of families nationwide would feel the direct impact if the funding is not restored.

Explicó que muchos padres se verían forzados a elegir entre faltar al trabajo o dejar a sus hijos en entornos potencialmente inseguros debido a la falta de opciones de cuidado infantil confiables.

She explained that many parents would be forced to choose between missing work or leaving their children in potentially unsafe environments due to the lack of reliable childcare options.

Desde el gobierno federal, el Departamento de Salud y Servicios Humanos defendió la medida, señalando que su prioridad es proteger a los contribuyentes y revisar posibles irregularidades.

The Department of Health and Human Services defended the action, stating that its priority is to protect taxpayers and review potential irregularities.

Funcionarios federales acusaron a los fiscales estatales de politizar el tema y minimizar las preocupaciones sobre la correcta utilización de los fondos públicos.

Federal officials accused state attorneys general of politicizing the issue and downplaying concerns about proper use of public funds.

Gobernadores como Kathy Hochul y JB Pritzker rechazaron estas afirmaciones, calificando la congelación como una acción injusta y perjudicial para las familias trabajadoras.

Governors such as Kathy Hochul and JB Pritzker rejected those claims, calling the freeze unjust and harmful to working families.

Organizaciones defensoras de derechos civiles también expresaron alarma, señalando que miles de niños en los estados afectados aún carecen de seguro médico.

Civil rights advocacy groups also raised alarms, noting that thousands of children in the affected states remain uninsured.

Finalmente, la fiscal James afirmó que el gobierno federal no ha presentado pruebas concretas de fraude y acusó a la administración de usar el proceso como un pretexto para investigar y presionar a comunidades inmigrantes.

Finally, James stated that the federal government has provided no concrete evidence of fraud and accused the administration of using the review process as a pretext to scrutinize records and intimidate immigrant communities.